Restitución de tierras: el proceso más lento que ha funcionado

El despojo de tierras fue una de las operaciones económicas centrales del conflicto armado colombiano. No siempre fue violento en el momento de la firma: mucho se hizo con escrituras legalmente perfectas otorgadas por campesinos que vendían a precio de huida, o con notarías que registraron traspasos de predios cuyos dueños estaban desplazados a cientos de kilómetros. El resultado fue un despojo con papeles en regla.

Eso creaba un problema jurídico difícil. En un proceso civil ordinario, quien tiene la escritura gana. Devolver esos predios exigía invertir esa lógica y crear un procedimiento donde el reclamante no tuviera que probar el despojo sino apenas su relación con la tierra, y donde el ocupante actual tuviera que demostrar que su compra fue de buena fe.

• 2011: año de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
• Se creó una unidad administrativa dedicada y una jurisdicción de jueces y magistrados especializados en restitución.
• Cientos de miles de hectáreas han sido objeto de sentencias de restitución.
• 2021: prórroga de la vigencia de la ley por diez años más.
• El proceso tiene dos etapas: una administrativa de inscripción en el registro de tierras despojadas y otra judicial.

Las cifras absolutas de hectáreas son las que suelen citarse, y son las menos informativas. Lo relevante es la proporción: lo restituido es una fracción del universo de tierra que las propias estimaciones oficiales consideran despojada o abandonada forzosamente durante el conflicto.

Tres decisiones de diseño explican por qué el mecanismo produjo resultados donde otros intentos no lo hicieron.

La primera es la inversión de la carga de la prueba. El campesino que reclama no tiene que demostrar que lo despojaron. Le basta con acreditar que tenía una relación jurídica o material con el predio en el periodo cubierto. Quien lo ocupa hoy debe probar que actuó de buena fe exenta de culpa, un estándar exigente que no se satisface con mostrar la escritura.

La segunda es la especialización judicial. Jueces dedicados exclusivamente a esto, con formación en la materia, producen decisiones más rápidas y más coherentes entre sí que un juzgado civil de un municipio que ve dos casos al año entre mil asuntos distintos.

La tercera es que la sentencia no se limita a entregar el título. Ordena también medidas de acompañamiento: alivio de deudas, proyectos productivos, vivienda, seguridad. Devolver un predio a una familia que no tiene con qué sembrarlo, y que además volvería a una zona sin presencia estatal, produce una segunda venta a precio de huida en pocos años.

El proceso es lento y los tiempos promedio entre la solicitud y la sentencia se cuentan en años, no en meses. Hay zonas donde la restitución no ha podido siquiera iniciarse porque las condiciones de seguridad impiden el trabajo de campo, y los líderes de reclamantes han sido asesinados con una frecuencia que constituye el reproche más grave al programa.

Aun así, es probablemente el mecanismo de justicia transicional colombiano que más ha cambiado situaciones materiales concretas. Un fallo de restitución no es una declaración simbólica: es una familia que vuelve a un lote medido, con linderos y con matrícula inmobiliaria a su nombre.

La medición honesta del programa no es cuántas hectáreas se fallaron sino cuántas familias siguen viviendo en el predio cinco años después del fallo. Ese indicador se levanta poco, es el más costoso de producir y es el único que dice si la restitución restituyó algo.