El PAE mide lo que no debe

La alimentación escolar en Colombia es vieja. Los restaurantes escolares existieron durante décadas bajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con una lógica de asistencia nutricional a población vulnerable. En 2011 la operación del programa se trasladó al sector educativo, con el argumento de que la comida en la escuela no es un asunto de nutrición sino de permanencia: se da para que el niño no se retire.

Ese cambio de adscripción importa más de lo que parece, porque define contra qué se evalúa el programa. Bajo la lógica nutricional, el indicador es el aporte calórico de la ración. Bajo la lógica educativa, el indicador debería ser la asistencia y la deserción. En la práctica, el programa se sigue midiendo por una tercera cosa: cuántas raciones se entregaron.

• 2011: la responsabilidad del programa pasa del instituto de bienestar familiar al sector educativo.
• 2020: se crea una unidad administrativa especial dedicada exclusivamente a la alimentación escolar.
• El programa cubre millones de estudiantes de la matrícula oficial cada año lectivo.
• La operación es descentralizada: contrata cada entidad territorial certificada, no la nación.
• Los organismos de control han documentado sobrecostos y carteles de contratación en múltiples departamentos.

La evidencia internacional sobre alimentación escolar es sólida y poco discutida: en poblaciones con inseguridad alimentaria, dar una comida en la escuela aumenta la matrícula, mejora la asistencia y reduce la deserción, con efectos mayores en zona rural y en niñas. No hace falta discutir si el programa sirve. Sirve.

Lo que está mal armado es el circuito de rendición de cuentas. El programa opera mediante contratos territoriales, con minutas definidas, y el control se concentra en verificar el cumplimiento del contrato: que la ración tenga los gramos pactados y que se haya entregado. Ese es un control de insumo. Un operador puede cumplir el contrato a la perfección en un municipio donde la deserción no bajó, y puede incumplirlo en otro donde bajó por razones ajenas.

El resultado es un programa que se defiende con cifras de cobertura y se ataca con escándalos de contratación, sin que ninguna de las dos conversaciones toque el indicador que justifica su existencia. Los sobrecostos documentados por los organismos de control en varios departamentos son reales y graves. Pero la respuesta institucional a cada escándalo ha sido endurecer el control del insumo, lo que agrega trámite y no agrega evidencia sobre el efecto.

Hay un segundo problema, más simple. En muchas zonas rurales el programa se interrumpe entre años lectivos o durante los procesos de contratación, y la ausencia de comida coincide con las semanas en que la deserción se decide. Un programa que existe diez meses al año y falla justo en los meses de matrícula produce menos resultado del que su cobertura sugiere.

La discusión útil no es si se debe alimentar a los niños en la escuela. Es si el país quiere saber cuánto le rinde hacerlo. Eso exige un sistema de información que cruce entrega de raciones con asistencia y permanencia por sede educativa, que existe técnicamente y no se usa como criterio de decisión.

Mientras el éxito se mida en raciones, el programa seguirá siendo, para efectos prácticos, una política de compras públicas de alimentos a la que se le atribuyen efectos educativos que nadie verifica.