Armero: cuarenta años de una tragedia anunciada

Armero era el segundo municipio del Tolima. Cerca de 29.000 personas vivían de un valle agrícola próspero, sembrado de algodón y arroz, a poco más de 45 kilómetros del Nevado del Ruiz. El volcán llevaba casi un año dando señales: fumarolas, sismos, ceniza sobre los tejados. En octubre de 1985 un mapa de riesgo elaborado por técnicos colombianos ya señalaba con precisión las zonas que podían ser alcanzadas por flujos de lodo. Se imprimió, se discutió y no se convirtió en una orden de evacuación.

La noche del 13 de noviembre el volcán hizo erupción. No fue una explosión catastrófica en sí misma: fue el calor sobre el casquete glaciar. El agua de deshielo arrastró ceniza, roca y sedimento por los cañones de los ríos y formó lahares, avalanchas de lodo que descendieron a decenas de kilómetros por hora. El que bajó por el río Lagunillas llegó a Armero pasadas las once de la noche.

• Cerca de 29.000 habitantes tenía Armero antes de esa noche.
• Alrededor de 25.000 personas murieron, la mayoría en el casco urbano.
• Más de 45 kilómetros recorrió el flujo de lodo desde el volcán hasta el pueblo.
• Cerca de 11 meses de actividad volcánica precedieron la erupción.
• 1988: año en que Colombia creó su Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Es la peor tragedia natural de la historia de Colombia y una de las erupciones volcánicas más letales del siglo XX en el mundo. Lo que la distingue no es la fuerza del fenómeno, que fue moderada en términos volcanológicos, sino la distancia entre lo que se sabía y lo que se hizo.

La información existía. Había monitoreo, había advertencias técnicas, había un mapa. Lo que no había era un mecanismo que convirtiera un dato técnico en una decisión administrativa con autoridad para mover a un pueblo entero. Las alertas circularon entre entidades sin un protocolo único, sin una cadena de mando definida y sin canales de comunicación que resistieran una noche de lluvia y ceniza.

Esa es la lección que Colombia extrajo, y la extrajo tarde. Antes de 1985 el país atendía los desastres cuando ya habían ocurrido, con improvisación y colectas. No existía una institución permanente encargada de anticiparlos.

En 1986 se creó en Manizales el primer observatorio vulcanológico del país, dedicado al monitoreo permanente del Ruiz y de los volcanes vecinos. En 1988, la Ley 46 estableció el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: una estructura con responsabilidades definidas en el nivel nacional, departamental y municipal, con obligación de planificar antes del evento y no solo de responder después.

Ese armazón se ha reformado varias veces. En 2012 fue reemplazado por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que incorporó el ordenamiento territorial y la reducción del riesgo como componentes obligatorios de la planeación municipal. Hoy los volcanes activos de Colombia tienen vigilancia instrumental continua, niveles de alerta públicos y protocolos de evacuación ensayados con las comunidades que viven en las zonas de influencia.

El terreno donde estuvo Armero es hoy un campo santo. No se reconstruyó. Los sobrevivientes se dispersaron sobre todo hacia Lérida, Guayabal y Ibagué, y la reconstrucción de sus vidas tomó décadas. Cuarenta años después, el nombre del municipio funciona en el vocabulario técnico colombiano como una advertencia: la referencia obligada de lo que ocurre cuando un sistema sabe y no actúa.

La cifra que mejor mide el cambio no es una cifra de víctimas. Es esta: desde 1985, cada activación del Nevado del Ruiz ha ido acompañada de alertas públicas, planes de evacuación y decisiones tomadas antes y no después. Eso costó veinticinco mil vidas aprenderlo.